Vigilan sin protocolos a candidatos; no hay marco legal

*Funcionarios del Gabinete de Seguridad consideran necesario establecer mecanismos de protección en la Ley de Seguridad Nacional…

excelsior.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, en México se brindó seguridad a candidatos con operativos que funcionan con base en usos y costumbres, porque no están inscritos en ninguna ley.

Funcionarios del Gabinete de Seguridad del gobierno federal consideran que la protección de los candidatos debe estar inscrita en la Ley de Seguridad Nacional y que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) debe tener un protocolo coordinado desde la Segob. Agregaron que la carencia de protocolos se debe a que dicha ley no está bien hecha y el Cisen no tiene una estructura normativa para el caso.

Al respecto, Cecilia Soto, Francisco Labastida Ochoa y Gabriel Quadri, candidatos presidenciales de 1994, 2000 y 2012, respectivamente, opinaron que es necesario que quienes aspiran a llegar a Los Pinos sean debidamente custodiados.

SEGURIDAD A LA DERIVA
Los operativos de seguridad para los candidatos a puestos de elección popular —alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y Presidente de México— como los que se
disputarán en las elecciones del próximo 1 de julio funcionan por usos y costumbres porque formalmente no están inscritos en ninguna ley.

El Instituto Nacional Electoral (INE), como responsable del proceso, no tiene ninguna facultad legal en materia de seguridad. El INE actúa solamente como intermediario entre algún aspirante o partido político que solicite mecanismos de seguridad y la Secretaría de Gobernación (Segob).

El pasado 21 de febrero, la Segob tuvo una reunión con ocho presidentes de partidos políticos nacionales, con excepción de Morena, para realizar un diagnóstico sobre el tema y poner en marcha alguna estrategia. Sin embargo, a raíz de que el precandidato Ricardo Anaya es relacionado en un caso de lavado de dinero, la dependencia perdió la interlocución de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional.

Las corporaciones policiacas municipales, estatales y el Estado Mayor Presidencial, que en sus respectivas competencias protegen a los aspirantes, lo hacen sin un marco legal exprofeso y con protocolos de seguridad pública, cuando el tema se perfila como de seguridad nacional.

Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad del gobierno federal opinaron que la seguridad de los candidatos electorales debía estar inscrita en la Ley de Seguridad Nacional; se pronunciaron porque el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tenga un protocolo coordinado desde la Secretaría de Gobierno de la Segob y que por ley, los Grupos de Coordinación de los estados (que no existen en todos) se hagan cargo de la seguridad de los aspirantes.

Candidatos de tres distintas elecciones presidenciales, Cecilia Soto, 1994; Francisco Labastida Ochoa, 2000 y Gabriel Quadri de la Torre, 2012, consultados por
Excélsior sobre el tema de seguridad para los candidatos a puestos de elección popular, opinaron que es conveniente que quienes aspiran llegar a Los Pinos sean debidamente custodiados.

DEBE HABER SEGURIDAD: SOTO

Cecilia Soto, candidata presidencial por el Partido del Trabajo en 1994, año en que fue asesinado el priista Luis Donaldo Colosio, dijo:

Yo creo que sí debe haber seguridad para los candidatos. Más cuando desde hace 10 años hay récord de candidatos asesinados: un candidato a gobernador del PRI (se refiere a Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas), muchos presidentes municipales, candidatos a presidentes municipales, el último, el compañero del PRI, diputado federal con licencia, Francisco Rojas”.

La actual diputada federal por el PRD recordó que “en mi época de candidata presidencial tuvimos seguridad del Estado Mayor Presidencial después del asesinato de Colosio, antes no pensamos que era necesario.

De esa campaña, a este momento, hay una situación mucho más delicada y grave en relación a la seguridad. A mí me parece que sí debe haber una seguridad institucional para los candidatos. Si hay candidato que no confía en las instituciones, pues que contrate un equipo de seguridad propio, pero creo que debe haber seguridad”, agregó la legisladora.

LABASTIDA: EL CISEN ES NECESARIO

Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial por el PRI en 2000 declaró:

Creo que es conveniente que los candidatos tengan un cuerpo de seguridad, sobre todo si tomamos en consideración los riesgos que tiene una persona que está desarrollando esa tarea, es obvio que es de más riegos. Pero si le agregamos el clima de inseguridad que se vive en el país lo hace recomendable por estas dos razones”.

Labastida, quien llegó a la candidatura presidencial después de haber sido secretario de Gobernación y por ende responsable del Cisen, diferenció las tareas que tiene un grupo de seguridad, como lo es el Estado Mayor Presidencial, que desde 1994 se encarga de la seguridad de los candidatos presidenciales, y los elementos del Cisen, que el aspirante presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, metió a la polémica, después de encarar a uno de sus integrantes que hacía sus tareas de monitoreo.

El servicio de inteligencia del Cisen es necesario. Ya hemos padecido el doloroso homicidio de Luis Donaldo Colosio, ya padecimos el homicidio del candidato a la gubernatura de Tamaulipas, también de candidatos a presidentes municipales y diputados. Me parece que el Cisen lo que hace en ese sentido es realizar una tarea de inteligencia para ver en dónde se concentran y qué es lo que tienen que hacer.

Con el trabajo del Cisen se pueden adelantar probables riesgos y, en función de ello, la definición y estrategia de medidas preventivas”, señaló.

Y para no dejar pasar el hecho ventilado por Anaya a través de redes sociales, el excandidato presidencial, sin decir el nombre del panista dijo: “me parece que la reacción es más de tipo publicitaria que de otro tipo”.

NO HAY PROTOCOLO: QUADRI DE LA TORRE

Gabriel Quadri, candidato presidencial de Nueva alianza en 2012, expresó que en su caso “tuvimos la seguridad, el sistema de seguridad a cargo del Estado Mayor Presidencial, lo cual implicó una serie de reglas que uno tiene que cumplir y me parece que es indispensable, los candidatos presidenciables son de interés nacional. Creo que por respeto a la institución y por conveniencia propia en toda la campaña, sí tiene que estar el Estado Mayor Presidencial con cada uno de los candidatos, creo que es fundamental y ceñirse a las reglas que el Estado Mayor establezca”.

El ingeniero civil, quien recorrió parte del país a bordo de una Combi, comentó, sin embargo, que en la ley no hay ningún protocolo para la seguridad a los candidatos.

Hasta dónde yo sé, no está plasmado en ninguna disposición legal la seguridad de los candidatos, pero me parece que es algo razonable y necesario.

Me parece que debiera de modificarse la legislación electoral para regular este tipo de dispositivos de seguridad para los candidatos, creo que es fundamental. El candidato no solamente responde a sus intereses personales o de partido, sino al interés nacional”, argumentó Quadri.

De acuerdo con funcionarios del Gabinete de Seguridad del gobierno Federal consultados, la Ley de Seguridad Nacional no contempla mecanismos de seguridad para los candidatos constitucionalmente reconocidos o durante procesos electorales, que especifique que por ley la responsabilidad de la seguridad de los aspirantes es de un centro de inteligencia.

Los funcionarios especificaron que una cosa es la inteligencia, que se desarrolla a través de monitores del Cisen, como el que ventiló Ricardo Anaya, y otra los mecanismos de seguridad.

Señalaron que el hombre que Anaya encaró es un monitor, que narra, que cuenta en un reporte las actividades, no solamente del personaje, en este caso de Anaya, sino del contexto de los sitios por donde va a pasar o pasa un personaje, para que con base en esa información y un análisis se puedan tomar medidas preventivas.

En opinión de los funcionarios federales, la inscripción de protocolos de seguridad en tiempos electorales para los aspirantes se debió de empezar a trabajar y plasmar en una ley desde 1994, a partir del asesinato del candidato presidencial Colosio.

Señalaron que el origen de que no haya protocolos de seguridad para los candidatos es que la Ley de Seguridad Nacional no está bien hecha y porque el Cisen no tiene una estructura normativa para el caso. Además de que en este tipo de protocolos deberían participar los partidos políticos, proporcionando agendas de sus candidatos a fin de que los analistas en seguridad las consuman y puedan establecer, en su caso, una agenda de riegos.

Comentaron que principalmente en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón el Cisen tuvo un déficit en trabajos de campo; desmantelaron el Centro y la información ahí recolectada es fundamental para la seguridad de dignatarios y aunque reconocen que hay un operativo de protección a personajes de cierto nivel, no hay especificidad en materia electoral.

Cecilia Soto comentó sobre la importancia de la seguridad a los candidatos presidenciales, afirmando que “un atentando, tenga o no éxito, es un elemento perturbador y muy desestabilizador. Hay que tomar en cuenta que los potenciales atacantes contra los candidatos no necesariamente son sicarios y no necesariamente son mandados por alguien. Hay gente con muy poco equilibrio mental en el país.

En una sociedad hay gente de todo, mucha gente con síndrome bipolar que no está diagnosticada y muchísima gente con graves perturbaciones, por eso es fundamental que haya seguridad para los candidatos”.

Sobre la cobertura que el Cisen haya hecho durante su campaña electoral en 1994, la legisladora comento:

No sé, éramos muy ingenuos en ese entonces, seguramente si nos seguía el Cisen, seguramente sí daban información de lo que hacíamos, pero yo no recuerdo haberlo notado. Mi jefe de campaña, Marcos Cruz, actual secretario de Desarrollo Social de Durango, a lo mejor recuerda algo. Yo no lo percibí”.

“MUCHA ZOZOBRA”

A pregunta expresa sobre si siente mayor seguridad una vez que el EMP le brindó protección, la excandidata presidencial dijo: “me seguí sintiendo con mucha zozobra. De hecho, el domingo pasado estuve en Tepoztlán y había fiesta de carnaval, y es la primera vez que escucho cohetes sin sobresaltarme, sin estremecerme, o sea 25 años después.

Antes cualquier detonación me hacía sobresaltarme. Yo me sentí muy bien con el Estado Mayor, fueron muy institucionales, muy corteses, cordiales, rigurosos, profesionales, pero que digamos eso quitara por completo la sensación de zozobra y de intranquilidad, no, no podía comprender qué fuerzas se habían desatado después del asesinato de Colosio”, agrega.

Francisco Labastida comentó que durante la campaña de 2000 a todos los candidatos “nos ofrecieron, según recuerdo, que tuviéramos un servicio de seguridad para, razonablemente, evitar atentados o cosas peligrosas”.

—¿Recuerda si hubo reportes de que haya estado en peligro su seguridad?

—Yo tuve, cuando fui gobernador (de Sinaloa) problemas en materia de seguridad pública, porque metí a la cárcel al 40% de la Policía Judicial del estado y corrí a otro 30% y metí a la cárcel a cinco grupos de la PGR porque estaban cometiendo delitos y en algunos casos hasta homicidios.

Derivado de eso, por eso fue la invitación para que me fuera de embajador a Portugal. Por todas estas razones, adicionales a los riesgos que puede correr cualquier candidato, yo decidí aceptar la seguridad del Estado Mayor Presidencial”.

El excandidato presidencial priista recordó que su equipo de seguridad en aquella campaña la manejaba un jefe de seguridad “y yo creo que tenía las medidas necesarias que podía evitar cualquier problema, funcionaron con discreción, con eficiencia con eficacia, y ya. Nunca se metieron en mis actividades. Y hasta donde sé, nunca pasaron un reporte de alguna amenaza”.

Gabriel Quadri, excandidato presidencial del Partido Nueva Alianza, señaló que como candidato, la persona con esa responsabilidad deja de ser un ciudadano común y corriente, más allá de la obligación que tiene el estado de proveer seguridad a todos los ciudadanos.

Según dijo Quadri, la experiencia que tuvo al ser custodiado por el Estado Mayor Presidencial en 2012 fue “excelente; son súper profesionales, súper dedicados, con una capacidad técnica y una preparación inmejorable; eso sí tuvimos que acatarnos a la reglas que ellos pusieron, como el tipo de vehículos que usábamos, la logística de los eventos, una excelente experiencia; quedé sumamente agradecido con el Estado Mayor Presidencial”.

Sobre la presencia de integrantes del Cisen en el entorno de su campaña presidencial, Gabriel Quadri, dijo que “seguramente andaban por ahí. Es una labor distinta a la del Estado Mayor, los del Cisen hacen un monitoreo, que tienen que hacer para estar previendo escenarios y factores de riesgo y analizar para abordarlos de manera adecuada, es tarea del Cisen.

En mi caso yo nunca tuve contacto con ellos, pero sabía que estaban presentes, no interfirieron, pero sabíamos que estaban a ahí, nunca se presentaron a saludarme, pero sabíamos que ahí estaban”, concluyó el excandidato.

PREOCUPA A LA OEA ALTO NÚMERO DE CRÍMENES
Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), demandó investigar y esclarecer los asesinatos por motivos políticos en México.

Preocupados por alto número de políticos, precandidatos, dirigentes y periodistas muertos en proceso electoral en México. Que se investigue y se esclarezcan estos actos de violencia en etapa pre-electoral”, escribió en su cuenta de Twitter.

El funcionario hizo referencia al asesinato ocurrido la noche del viernes del exprecandidato del PRD a la presidencia municipal de Zihuatanejo, Guerrero, Homero Bravo Espino, director de Obras Públicas en ese ayuntamiento.

Bravo Espino, de 53 años, recibió al menos seis balazos dentro de un vehículo Nissan en la comunidad de San José Ixtapa.

Fue llevado al Hospital General Dr. Bernardo Sepúlveda pero falleció poco antes de las 20:00 horas.

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que se integró una carpeta de investigación.

Homero Bravo Espino se inscribió en la contienda interna del PRD para ser candidato a la alcaldía de Zihuatanejo hace dos años, pero declinó en favor de Gustavo García Bello, quien ganó la elección.

-Con información de Bernardino Mérida y Rolando Aguilar

CASOS MÁS RECIENTES
El pasado 25 de febrero fue asesinada la también exprecandidata del PRI a diputada local por el distrito 25 electoral de Chilapa, Guerrero, Dulce Rebaja Pedro, así como uno de sus familiares, Crescencio Rebaja Bello, reportados como desaparecidos el sábado 24. Ambos presentaban múltiples heridas de bala.

Los cuerpos fueron hallados en una camioneta Nissan, en la carretera Chilapa-Atzacoaloya.

Antes, el 21 de febrero, también fue asesinada a balazos en Chilapa la precandidata a diputada local por el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma, dentro del Toreo Restaurante, de su propiedad.

Jaimes pertenecía a la corriente política del PRD Movimiento Alternativa Social (MAS) que dirige Bernardo Ortega Jiménez, político que ha sido señalado por ser familiar de los dirigentes del grupo delictivo Los Ardillos que controla la zona de Chilapa.

El 20 de febrero también fue muerto el regidor panista del municipio de Tecomán, Jalisco, Martín Cázares, ejecutado en las inmediaciones de los ranchos El Sacrificio y Martell.

Reportes de la policía indican que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta donde se encontraba el regidor y le dispararon.

El 9 de febrero, el líder estatal del Partido Encuentro Social (PES) y expresidente de Chalco, Estado de México, Vicente Onofre, sufrió un atentado en el municipio de Chalco, cuando viajaba a bordo de su camioneta. Fue llevado a un hospital en helicóptero.

También, el pasado 3 de febrero fueron asesinados el diputado federal con licencia, Francisco Rojas, y su cuñada María Eugenia Cano Romero cuando regresaban de compras.

Rojas, precandidato del PRI a la alcaldía de Cuauti-tlán Izcalli, Estado de México, fue llevado al hospital, pero falleció debido a las heridas recibidas. Sergio “N” fue detenido por esa causa y ya fue vinculado a proceso.

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