“Y siguen gritando sus nombres”: Desaparición forzada en América Latina como medio de represión política

En América Latina, los crímenes perpetuados a manos del Estado forman parte inherente del panorama nacional. Madres que gritan con desesperación el nombre de sus hijas e hijos que luchan incansables por reencontrarse con sus padres están presentes en las noticias cada día y cada semana. Además, el acoso a figuras como los defensores de derechos humanos, a los familiares y activistas que luchan por justicia para las víctimas de crímenes a manos del Estado ha tenido lugar de manera sistemática en una región en que la impunidad y falta de justicia se arraigan con fuerza dentro de cada país.

La Organización de las Naciones Unidas ha definido la desaparición forzada como “el arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado, de personas o grupos que actúan con la autorización o el apoyo del mismo”. Estos procesos están caracterizados por la negativa a reconocer la privación de libertad o por su ocultamiento, lo que resta a las víctimas toda protección de la ley. La desaparición forzada en América Latina se ha utilizado sistemáticamente como estrategia para infundir terror entre la población, particularmente en dictadura; la práctica suele realizarse de manera clandestina y junto a campañas psicológicas de manipulación.

La desaparición forzada se ha implementado como medio de represión política a disidentes y con el fin de silenciar cualquier voz opositora. En Argentina, la desaparición forzada de activistas políticos bajo la dictadura del gobierno militar llevó a la creación de iniciativas como Las Abuelas de Plaza de Mayo, organización que surgió con el fin de localizar a las víctimas de desapariciones y asegurar que se enjuiciara a los responsables. Entre 1976 y 1983, un aproximado de 30,000 personas fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad y el destino de muchos permanece incierto aún en la actualidad, circunstancia semejante a la vivida bajo el régimen de Pinochet en Chile.

En la guerra civil que se desató en El Salvador, datos oficiales aseveran que los cuerpos de seguridad militar encabezaron por lo menos 8,000 desapariciones forzadas, de las que casi 900 corresponden a niños y niñas. En Guatemala, el conflicto interno de 1960 dio lugar a un aproximado de 200,000 desaparecidos, de la mano de miles de asesinatos políticamente motivados. Las víctimas de las desapariciones, antes de caer en lo que Nona Fernández habría denominado la “dimensión desconocida”, tendrían que enfrentar además periodos de completa incomunicación, interrogatorios exhaustivos e incluso tortura.

En Colombia, sin embargo, el presente difícilmente puede reducirse a una búsqueda de justicia por los crímenes pasados. Según Amnistía Internacional, hoy en día la desaparición forzada se mantiene como una práctica sistemática y generalizada en el marco del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se cree que casi 50,000 personas han caído víctimas de este fenómeno, sin contar a los civiles secuestrados por grupos guerrilleros y a las 120,000 víctimas indirectas del conflicto. Las familias encienden velas y gritan nombres al vacío, en países donde la justicia pareciera no tener cabida.

Semejante es el escenario que se vive en México, donde no se requirió de una dictadura para que el Estado perpetrara cualquier número de atrocidades. Todo intento de investigar las desapariciones de disidentes políticos, activistas del medio ambiente y los derechos humanos e incluso de migrantes que buscan cruzar la frontera ha estado plagado de irregularidades y desesperanza. Bajo la persistente crisis de seguridad pública y violencia encabezada por los carteles de narcotráfico, no es difícil explicarse las más de 85,000 desapariciones que han impactado a la nación. Esto, además, acompañado del peligro de sufrir represalias para cualquiera que persiga la verdad.

Para miles de familiares de las víctimas, la justicia en América Latina permanece siendo un sueño y jamás una realidad. Se sigue descubriendo a hombres y mujeres que fueron secuestrados desde la infancia por el gobierno militar y ahora desconocen su propia identidad; a niños y niñas que desaparecen de sus hogares durante las operaciones militares y jamás regresan; a hombres y mujeres que son arrancados de sus seres queridos y su comunidad para perderse y nunca ser encontrados. Pareciese que a América Latina solo le queda llorar con rabia, luchar con fuerza y gritar con completa desesperación que se haga justicia en nombre de los hijos que le han arrebatado.