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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a que el Estado mexicano “atienda las causas y consecuencias” de las decisiones oficiales, por la divulgación de datos personales de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal del periódico New York Times, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 22 de febrero pasado.
Enfatizó que tomando en consideración que, en su derecho a defenderse de críticas y cuestionamientos, “las autoridades deben tomar distancia de cualquier discurso intolerante, discriminatorio o invasivo de la privacidad que pueda, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra sectores de la población que pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento.
“Las consecuencias lesivas que puedan derivarse de las declaraciones oficiales podrían llegar a comprometer la responsabilidad internacional del Estado”.
En un comunicado, destacó que para la RELE, la divulgación gubernamental de procesos periodísticos inconclusos y datos personales de forma previa al momento que autónomamente determine el medio de comunicación “afecta las condiciones que se esperan desde el Estado para hacer periodismo; desalienta el contraste de fuentes como práctica deseable en los medios de comunicación y genera un efecto de autocensura”.
Además, consideró que la publicación de piezas de propaganda dirigida contra mujeres periodistas a través de medios públicos no aporta a la calidad del debate público y profundiza la polarización.
La relatoría reiteró su preocupación por la divulgación de datos personales de periodistas en México, e instó al Estado a conducir su actuación de conformidad con estándares de derechos humanos.
La CIDH, expuso, “reconoce que es legítimo y en ciertas ocasiones un deber que las autoridades estatales se pronuncien sobre cuestiones de interés público y se defiendan ante las críticas y cuestionamientos de la prensa”. Sin embargo, se advierte “con preocupación la gravedad que reviste la divulgación de datos personales de periodistas, particularmente en el marco de declaraciones oficiales, toda vez que estas tienen el potencial de ‘acentuar o exacerbar situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión’ por sectores de la población hacia periodistas o medios de comunicación”.
En especial, destacó, “en un país que registra altos índices de violencia contra la prensa. La divulgación de este tipo de información por parte de voces oficiales puede interpretarse razonablemente como amenaza, estigmatización y abuso de poder. La CIDH ha reiterado en distintas oportunidades que, las personas que participan en el debate público de manera protagónica, incluyendo a los funcionarios públicos, operan ‘como un vector que amplifica y acelera la difusión de mensajes estigmatizantes’”.
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