El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Monterrey “ha violado mi presunción de inocencia, mis derechos humanos y el debido proceso en múltiples ocasiones”, acusa el subteniente de Infantería Jorge Alberto Tadeo Hernández.
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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La carta, fechada el 24 de agosto, tiene por destinataria la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El remitente es subteniente de Infantería del Ejército mexicano, Jorge Alberto Tadeo Hernández, quien ya lleva 12 años en prisión preventiva acusado de homicidio y tortura, pero no ha sido sentenciado.
Las autoridades que lo enviaron a prisión señalan que ambos delitos los cometió en agravio de un integrante de “Los Zetas”, a quien Tadeo Hernández detuvo en 2011 por portación de drogas y de armas de uso exclusivo del Ejército.
En su calidad de procesado en la causa penal 225/2012, interno en la prisión militar del campo militar número 1-A de la Ciudad de México, comparece, expone y pide asesoría y defensoría legales de la (CIDH):
“Hasta el día de la fecha –24 de agosto 2023–, tengo 12 años y meses sin que se demuestre mi culpabilidad en los hechos que se me imputan, es decir no tengo ninguna sentencia”, indica.
Y continúa: “Sin embargo, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Monterrey, Nuevo León, ha violado mi presunción de inocencia, mis derechos humanos y el debido proceso en múltiples ocasiones”.
Desde su detención se le impuso un aislamiento prácticamente total, que le ha dificultado ejercer casi cualquier defensa. “Nunca he tenido una adecuada defensa técnica y objetiva, puesto que nunca tuve la visita de cárcel ni ninguna entrevista personal en el interior de esta prisión militar”.
Averiguación previa, “viciada”
El militar preso señala que los diferentes jueces titulares del mencionado juzgado han permitido que se cometan en su contra diversos delitos, como el de prevaricato y otros contra la administración de la justicia.
Puesto que la averiguación previa “fue hecha por ministerios públicos militares –entre ellos un mayor– y revisada por un coronel de justicia militar (de quienes Tadeo Hernández omite nombres en la misiva al máximo tribunal internacional), está viciada, y de hecho cometieron delitos conforme al código de justicia militar, pero ese Juzgado Quinto sigue validándola”.
El militar preso asegura que fue el juez Cuarto Militar quien, en 2011, emitió el primer auto de formal prisión en su contra, “sin un estudio previo de la mencionada averiguación, en la cual, al integrarla, los ministerios públicos militares también cometieron delitos contra el Código de Justicia militar”.
Tadeo Hernández expone que los delitos cometidos por las autoridades en el proceso son prevaricato, por inventar supuestos delitos –como homicidio calificado, tortura y robo con violencia–, “además de favorecer a testigos militares que en su declaración ministerial se autoinculpan de haber cometido otros delitos, sin ser consignados ni desechar sus declaraciones. Es más, ni siquiera han sido indiciados”.
El militar, quien asegura que ha estado preso durante más de una década por ejecutar órdenes superiores, dice a la CIDH que lleva ya “12 años y meses con la misma averiguación previa viciada”.
“Es de vital importancia mencionar que los delitos que se me imputan fueron durante el combate a la delincuencia en la ciudad de Monterrey, siendo el suscrito comandante de una BOM (Base de Operaciones Mixtas) y teniendo órdenes por escrito, las cuales nunca han sido tomadas en cuenta, violando el Código Penal Federal en su parte que indica las excluyentes de responsabilidad para funcionarios públicos.”
El subteniente de Infantería del Ejército mexicano Jorge Alberto Tadeo Hernández se despide manifestando su esperanza de tener “una pronta respuesta de la CIDH”.
Faltas al debido proceso
En una carta anterior enviada a organismos de la sociedad civil, Tadeo Hernández explica que se niega a ser sentenciado porque existen múltiples “fallas al debido proceso” y porque las dos juezas que han llevado su caso le negaron pruebas y diligencias a su favor, lo que le hace suponer que están “coludidas con el Cártel del Noreste”.
“La actual jueza que lleva mi caso, Martha Yadira Machado López, del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, rechazó la solicitud de llevar mi proceso en libertad, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la imposición de esa medida cautelar –la prisión preventiva oficiosa– no puede superar los dos años.”
Prosigue: “La actual jueza me niega constantemente pruebas y diligencias a mi favor y un cambio de medida cautelar, tomando el papel de Ministerio Público”.
Tadeo Hernández acusa de favorecer a “los supuestos testigos” a los MP, el mayor Reyes Martínez y el coronel José Luis Arévalo, este último actualmente retirado y adscrito a la Guardia Nacional como asesor jurídico.
Explica que, por ejemplo, no se ha considerado en el juicio que los que fueron detenidos en 2011 llevaban un auto con reporte de robo con violencia, un rifle AR-15, 250 dosis de cocaína, 350 dosis de cristal y aparatos de comunicación.
Tadeo Hernández se considera a sí mismo “un chivo expiatorio”. Cuando ocurrieron los hechos le faltaban sólo dos años y medio para su retiro. Reitera que, durante aquel operativo en contra del crimen organizado, sólo siguió órdenes de quien fue su superior, Cuauhtémoc Antúnez Pérez.
El oficial es egresado del Heroico Colegio Militar, institución que apenas el pasado miércoles 23 de agosto conmemoró sus 200 años de operación con un acto celebrado en la antigua Fortaleza de El Fortín, en Perote, Veracruz.
Allí, el general secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, reunió a un grupo de generales VIP y a ex secretarios de la Sedena, incluido Salvador Cienfuegos.
El general Salvador Cienfuegos fue acusado por Estados Unidos de estar implicado en delitos de delincuencia organizada, pero fue exonerado por el gobierno presidente Andrés Manuel López Obrador, violando así el acuerdo de extradición existente entre ambas naciones.
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