Ante la rápida expansión de la violencia del narco en Chiapas, la Iglesia y miembros de la sociedad civil llaman a los gobiernos estatal y federal a dejar de desestimar el flagelo sólo por cuidar la imagen de la 4T.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (Proceso).- La irrupción violenta de grupos del crimen organizado se extiende con velocidad desde los poblados de la región Fronteriza y Sierra Madre a otros municipios del estado, frente a la negación de los gobiernos federal y del estado por reconocer el terror que viven las localidades y mientras activistas, defensores y jerarcas católicos alertan sobre esta expansión y sus efectos.
La irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un territorio que antes de 2021 era controlado por el Cártel de Sinaloa (CDS), ha derivado en enfrentamientos que ya dejaron una estela de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas en diversas regiones el estado.
La pugna por el control del territorio que empezó en La Trinitaria y Frontera Comalapa se ha extendido en esa región Frontera y Sierra, hacia Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Motozintla y Chicomuselo.
Sin embargo, la narcoviolencia brincó y avanzó también hacia otra región de Chiapas que abarca los municipios de La Concordia, Villacorzo, Ángel Albino Corzo y Villaflores, una zona de alta producción agrícola y ganadera.
Estos municipios conforman un corredor central en Chiapas que se completa con los municipios de Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas, para salir por Oaxaca y el estado de Veracruz rumbo al centro y norte del país, ruta usada principalmente para el tráfico de armas, drogas o migrantes.
Pero eso ha llevado a que el corredor de la Costa-Soconusco, que va desde Suchiate, Tapachula y todo el litoral chiapaneco, empiece también a presentar hechos violentos, lo mismo que en la región de la carretera fronteriza del sur, desde Marqués de Comillas, Ocosingo y Palenque, para salir al vecino Tabasco.
De más de un millón 100 mil 463 delitos cometidos de enero a junio de 2023, en Chiapas se registraron ocho mil 160.
Los datos del gobierno federal, no obstante, ubican a Chiapas en el sitio 26 en cuanto a los homicidios dolosos, al menos hasta junio, según un informe presentado por el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, el 23 de julio pasado.
Según el general, la cifra va a la baja desde 2018 a la fecha, pues de 562 asesinatos reportados ese año, la cifra bajó a 377 en 2022, mientras en los primeros seis meses de este 2023 se registraron 180.
Discurso presidencial: “se exagera”
El 12 de julio, en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en Chiapas se ha sobredimensionado la violencia, que “se exagera”.
“Los datos que tenemos, que consideramos son datos ciertos, indican que no existe una situación de descontrol de la violencia en Chiapas… Se ha exagerado lo que sucede en Chiapas en los últimos tiempos. En general en el país, el tema de los conservadores y de sus medios es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia”, dijo el mandatario.
Pero Gustavo Castro, activista y defensor de derechos humanos, miembro de la organización Otros Mundos, A.C. (colectivo interdisciplinario para la defensa del territorio), señala que la violencia en la entidad refleja el grave error del presidente en el sentido de negar el fenómeno terrible en el estado, tal como lo hace el gobernador chiapaneco Rutilio Escandón Cadenas.
“Si bien es cierto que la violencia en el estado todavía está lejos de los indicadores que se viven en otras entidades desde hace años y que no reciben el mismo eco de gravedad”, en solo tres años la presencia del narco en el estado es más evidente y avanza a ritmo acelerado, afirma Castro.
El sacerdote Miguel Ángel Montoya Moreno, miembro de la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, refiere que las zonas con mayores índices de violencia hasta ahora son la región fronteriza y la zona de los Altos de Chiapas.
Ante los señalamientos del presidente López Obrador, de que los medios sobredimensionan la violencia en Chiapas, Montoya se dice preocupado por el hecho de que las autoridades nieguen el fenómeno que “para todos es visible y palpable”.
“No entendemos por qué la política del gobierno pretende ocultar o hacer como que no pasa nada, como que no está ocurriendo nada. Nos preocupa porque en el papel de hacer una labor desde la pastoral en favor de los pueblos indígenas, se minimice esta situación de violencia de la que estamos siendo testigos”.
Y considera que las políticas para contrarrestar la inseguridad y la violencia, tanto en México como específicamente en esta entidad, “no están funcionando”.
A la diócesis de San Cristóbal le preocupa lo que pasa en la frontera, sobre todo en los municipios “con mayor tensión”, como Chicomuselo y Frontera Comalapa, pero también fuera de esa región, como en Las Margaritas, La Trinitaria, Ocosingo y otros de los Altos.
Raíces sociales
Actualmente en Chiapas se extiende el tráfico, consumo y siembra de droga. Cada vez se observa más a niños y adolescentes ebrios y drogados. Los conflictos entre comercializadores de droga por ganar clientela y control territorial llegan ya hasta los enfrentamientos armados y asesinatos, detalla Gustavo Castro.
Señala el activista que la reciente irrupción de los desplazados y desaparecidos, así como la violencia desatada, no permite calcular adecuadamente la magnitud del flagelo social. Pero resalta que “ya inicia la conformación de los colectivos de víctimas en búsqueda de sus familiares desaparecidos y los negocios que se niegan a pagar el cobro de piso son asaltados con violencia o quemados”.
Así, agrega, Chiapas pasó de ser un territorio de tráfico de droga a un territorio de consumo, luego de siembra y por último a un territorio de narco negocios, donde la droga ya no es solo el principal ingreso, sino que se alimenta de la extorsión, cobro de pisos, lavado de dinero, secuestros, robo de tierras, ranchos y viviendas; venta de armas y municiones; control de las ganancias del café, del transporte, de los bares, de los prostíbulos, de las remesas, entre otros muchos rubros.
Uno de los negocios más lucrativos es el tráfico de indocumentados. Y para lograr todo esto, las bandas delictivas recurren al reclutamiento forzado. El narco controla el territorio, los caminos, las veredas, comunidades y regiones enteras por medio del reclutamiento de los llamados “halcones” y de retenes propios, incluso instalados como si fueran oficiales.
El narco, puntualiza Castro, domina “también el territorio social, ya que determina el toque de queda, controla con el miedo, controla a las familias y las comunidades imponiendo el silencio. Y así se impone y controla también los sectores sociales: periodistas, maestros, iglesias, campesinos, comunidades y población urbana a base de miedo y coerción.
“Su operatividad no es posible sin el vínculo con los diversos niveles de elementos policíacos, e incluso personal militar. Controlan el territorio del corazón, y niños y jóvenes quieren ser como el paradigma del narco: poderoso, rico y con ganancias fáciles”.
Explica que los grupos criminales “reconfiguran la conciencia, hacen que se les quiera y admire. Regalan despensas y a veces comparte con la comunidad migajas a cambio de su incondicional alianza. Controlan también el territorio político, ya no solo sobornan o presionan al presidente municipal, sino que ellos mismos ganan las elecciones y así desde el municipio logran todo el control territorial. Tienen vínculos con políticos de todos los niveles”.
Víctor Hugo López, de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (RedTDT), coincide en ver con alarma el incremento de esta violencia generalizada en Chiapas.
Los secuestros, asesinatos, ataques armados y otras acciones violentas que han sido documentadas reflejan la crisis de la entidad, donde la violencia se vive tanto en zonas urbanas como rurales.
Todo esto, aclara, “no es una maquinaria para arruinar la imagen” del gobierno estatal o del federal. Y agrega que al desestimar el presidente López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón la violencia y las denuncias, desconocen también el papel y la labor de periodistas y defensores de los derechos humanos, que es documentar la realidad.
“Nos preocupa que el gobierno estatal y federal reduzcan las denuncias hacia una estrategia de ataque hacia ellos. La lectura que realizan las autoridades estatales y las federales es una lectura errónea: consideran la difusión de esa información como un ataque al gobierno de la Cuarta Transformación”, indica.
Sin embargo, reitera que no hay una posición en ese sentido, sino una demanda para que actúe un Estado omiso ante una realidad que afecta diversas regiones del país. “En Chiapas –enfatiza– vemos una situación de ingobernabilidad, dado que no se está atendiendo desde la responsabilidad del Ejecutivo”.
Por ello, Víctor Hugo López hace un llamado: “Es urgente que tanto el presidente como el gobernador se sitúen en su papel como jefes de Estado, de responsables del Poder Ejecutivo, y no de un proyecto de tipo político con objetivos fuera de la gobernanza”.
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